Entre los meses de agosto y noviembre de 2023, realizamos la evaluación final del proyecto: “Garantizando el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias de las mujeres desde el empoderamiento personal, social, económico y político en La Paz y Chuquisaca (Bolivia)” implementado por Fundación Alianza por la Solidaridad – ActionAid, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (en El Alto), Centro Juana Azurduy (en Chuquisaca) y Asociación de Consejalas de Bolivia (ACOBOL); este proyecto tenía el objetivo de: "Contribuir al pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias que garantice su participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidades en la vida económica, política y pública".

La violencia contra las mujeres en Bolivia es un problema grave y persistente, que afecta a más del 75% de las mujeres en algún momento de sus vidas (El País, 2021). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidio en Sudamérica, con 2,3 muertes por cada 100 mil mujeres y la tercera más alta de América Latina (Coordinadora de la Mujer, 2019). Solamente el año 2022, se registraron más de 50 mil casos de violencia contra mujeres y niñas (Jornada, 2023); desde el año 2015, cada año, la violencia machista en Bolivia quita la vida a más de un centenar de mujeres (Coordinadora de la Mujer, 2019).

La violencia política es otra forma de agresión que sufren las mujeres que ocupan o aspiran a ocupar cargos públicos o de toma de decisión. Un estudio realizado por ONU Mujeres en 2023 reveló que alrededor de ocho de cada 10 mujeres que desempeñan estos cargos en Bolivia fueron víctimas de acoso o violencia política (ISET Bolivia, 2023). Estos actos buscan impedir, limitar o anular el ejercicio de sus derechos políticos, y pueden incluir amenazas, insultos, difamación, discriminación, agresiones físicas o sexuales, e incluso asesinatos.

Presentación de los resultados de la evaluación en el Centro Gregoria Apaza de la ciudad de El Alto

El contexto en el que se implementó el Proyecto, ha sido de una complejidad sin precedentes, puesto que el año 2020, como es de conocimiento público, Bolivia y el mundo entero enfrentó los efectos de la pandemia de Covid-19, que obligó a las familias a realizar cambios profundos en sus hábitos y formas de vida, en muchos casos, el confinamiento que fue adoptado como medida de prevención y mitigación de la emergencia sanitaria, agudizó la incidencia de violencia intrafamiliar, poniendo en evidencia algo que, si bien no es reciente ni se origina con la pandemia, se ha visibilizado de manera cruda y con mayor frecuencia a raíz de la pandemia, y es que la familia y el hogar es uno de los escenarios donde mayor violencia de género se ejerce en nuestra sociedad.

Un segundo aspecto, no menos importante en lo que concierne al contexto de la vida social, política y económica del país, ha sido la crisis política de octubre de 2019, seguida del gobierno transitorio de 2020 y las elecciones presidenciales de octubre del mismo año, finalizando en las elecciones subnacionales de 2021. En este escenario político, de acuerdo a lo expresado en el estudio citado (de ONU mujeres), la discriminación y exclusión de las mujeres se ha producido a dos niveles:

“(i) La baja presencia de candidaturas femeninas a cargos ejecutivos, como gobernadoras y alcaldesas. De 2.004 candidaturas a cargos ejecutivos regionales o municipales, 1.687 fueron hombres y 317 mujeres (16%); de 84 candidaturas a las gobernaciones sólo 7 fueron mujeres (8%); y de 1.728 candidaturas a las alcaldías solo 242 correspondieron a mujeres (14%); y

(ii) La persistencia del Acoso y Violencia Política (AVP) que mantiene las antiguas expresiones y toma nuevas, especialmente con el ciber acoso, ya que la virtualización se convirtió en la forma primordial de comunicación y expresión pública en el contexto de la pandemia.” (ISET Bolivia, 2023)

Es por esto que la lucha de las mujeres por sus derechos se ha visto debilitada, la reivindicación de estos derechos y la eliminación del AVP contra las mujeres, actualmente ocupa un lugar marginal en la política pública en sus diferentes niveles; a ello se debe sumar diferentes elementos que amplían los riesgos de retroceso en los avances conquistados, que se expresan en las siguientes tendencias:

“(i) la marginalidad política de los derechos políticos de las mujeres;

(ii) los peligros asociados al manejo de un falso concepto de ‘ideología de género’ –que estuvo presente en el proceso electoral y se mantiene actualmente–;

(iii) la fragmentación y subordinación de la lucha de las mujeres hacia objetivos que se consideran prioritarios para la legitimación y vigencia de las organizaciones políticas en un escenario de crisis de los partidos políticos;

(iv) las resistencias de los partidos políticos a su democratización en concordancia con el marco jurídico nacional e internacional;

(v) la persistencia de la violencia política en el seno de los partidos políticos; y

(vi) la emergencia de nuevas formas entre organizaciones políticas como producto del comportamiento político confrontacional y del aprovechamiento perverso de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).” (ISET Bolivia, 2023)

En este contexto se ha implementado este proyecto, se trata de un escenario muy poco favorable para los objetivos y resultados esperados del Proyecto; pese a ello, la evaluación ha evidenciado que casi la totalidad de los resultados esperados se han alcanzado, muchos de ellos se han sobrepasado, y los efectos en la población destinataria han sido altamente favorables.