Evaluación del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Extrema Pobreza en Honduras
Gerenssa ha sido contratada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por encargo de la Secretaría de Finanzas de la República de Honduras, con el objeto de realizar la “Evaluación del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Extrema Pobreza en Honduras”.
El equipo de la evaluación ha sido conformado por Eduardo Pando como jefe de equipo, Esteban Morales, experto en desarrollo y derecho administrativo, Marco Villarroel, experto en transferencias condicionadas y manejo de bases de datos y Álvaro Solares, experto en política pública y protección social.
En el marco de la misión de evaluación se desarrollaron entrevistas individuales y colectivas a personal de los diferentes proyectos financiados por el Fondo, así como a grupos de beneficiarios, a expertos y representantes de la cooperación internacional, se realizaron visitas de campo a los emplazamientos de las intervenciones, se realizó un taller de análisis de redes empleando la metodología “Net-Map” y entrevistas al más alto nivel jerárquico de la Secretaría de Finanzas y de Desarrollo Social de la república de Honduras.
El Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Extrema Pobreza se crea a partir de una importante reforma tributaria llevada a cabo a finales del año 2013 que en su parte más importante decreta el incremento del impuesto a las ventas del 12% al 15%, lo que ha generado para el año 2014 un incremento de las recaudaciones de 4.500 millones de Lempiras (aproximadamente US$204 millones) y de 5.250 millones de Lempiras para el año 2015 (cerca de US$238 millones)
Con estos recursos se constituye el Fondo de Solidaridad y Protección Social, administrado por dos fiduciarios: (i) El BCH (Banco Central de Honduras); y (ii) el banco de segundo piso BANHPROVI (Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda), quienes a su vez canalizaron estos recursos a través de una serie de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de las personas más pobres del país, en un contexto en el que la incidencia de pobreza es aproximadamente del 60% y la tasa de desempleo abierta supera el 7,5% en área urbana.